Aundre Larrow

                                                                                                                                        Aundre Larrow

por José Toledo

En Guatemala existe un déficit habitacional que ha sido ampliamente documentado. Una infinidad de estudios repiten cómo las familias guatemaltecas no cuentan con el acceso a vivienda que sea digna y que cada año se suman miles a la demanda de soluciones habitacionales sin que se atienda la misma en forma satisfactoria, tanto en términos de calidad como de cantidad. Hasta ahora, los esfuerzos que se han dado se han concentrado en procurarle a las familias acceso a una solución en donde se adquiere la propiedad de un inmueble. No deseo utilizar este espacio para analizar cómo esos afanes han sido insuficientes sino más bien trasladar la discusión a cómo la promoción del alquiler de inmuebles debiera ser considerado también como un alternativa a cerrar la brecha entre oferta y demanda habitacional.

Cuando uno piensa en alquilar una propiedad de la que se es dueño lo primero que estima es que no vale la pena el esfuerzo por los riesgos asociados a la actividad: Los inquilinos no cuidan una propiedad que no es la suya, el propietario debe darle mantenimiento al inmueble y, sobre todo, la dificultad de poder disponer del inmueble una vez que el inquilino haya incumplido los términos del contrato o que haya vencido el plazo del mismo. Los primeros dos riesgos (y seguramente otros más que no he mencionado) son inherentes al tipo de negocio que es el alquiler de vivienda. Pero la falta de cumplimiento de las obligaciones del inquilino y la dificultad de hacer valer el derecho del propietario de que se cumplan, inclusive mediante el desalojo del inmueble, son un claro desincentivo a poner en el mercado una unidad de vivienda como solución habitacional. En futuros espacios atenderé con más detalle los obstáculos que nuestro sistema legal pone en este camino alternativo a la seguridad habitacional.

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